Tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, las protestas generalizadas en Bielorrusia fueron respondidas con una represión de seguridad. La documentación de derechos humanos de la ONU ha descrito patrones de detenciones arbitrarias y numerosos testimonios de tortura o malos tratos bajo custodia en el periodo posterior.
El episodio es relevante para Europa porque combina represión política masiva con abusos sistemáticos en centros de detención, y ha seguido impulsando sanciones, flujos de asilo e iniciativas de rendición de cuentas.