El 2 de octubre de 2020, la UE adoptó medidas restrictivas contra 44 personas identificadas como responsables de la represión y la falsificación electoral tras las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia.
Las medidas incluyeron prohibiciones de viaje y congelación de activos, señalando un paso de declaraciones políticas a instrumentos coercitivos formales.
Impacto: inicio de una línea sostenida de sanciones de la UE que posteriormente se amplió, conectando la represión interna con preocupaciones de seguridad europeas más amplias.